Suspenso en materia de Derechos Humanos.
El sexto y más reciente informe del Comité de Derechos de la ONU (descargable aquí) es contundente: entre las medidas y omisiones protagonizadas por los últimos gobiernos españoles concurren algunas que cuestionan nuestras libertades y derechos más básicos. El Comité de Derechos, recordemos, es el órgano encargado de velar por el respeto y la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las primeras observaciones del informe manifiestan el nulo cumplimiento por parte de España de las decisiones dictadas por este organismo cuando se le remiten casos individuales de violaciones de Derechos Humanos. Ciertamente, resulta difícil de entender que un estado desarrollado y comprometido con el cumplimiento de los DD.HH. se permita semejante laxitud al respecto.
La Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza como se conoce popularmente, acapara buena parte de las referencias. Y es que las desproporcionadas sanciones por hechos que hasta hace poco eran simples faltas (manifestarse de forma no adecuada, insultar a alguien en una movilización) pueden tener un efecto disuasorio y arrinconar en la práctica el derecho de manifestación. Más aún si tenemos en cuenta la presunción de veracidad de la policía (artículo 52), merced a la cual, y ante la ausencia de pruebas en su contra, prevalece la palabra de los agentes, algo que rompe con el principio de igualdad y con la presunción de inocencia. La impunidad policial parece así servida, cuando no alentada por los frecuentes indultos concedidos a los agentes que se exceden en el uso de la fuerza, según consta en el documento.
El Comité denuncia otras circunstancias no menos alarmantes. Refiere así la situación de las cárceles españolas, en las que siguen sucediéndose episodios de tortura ante la falta de medios audiovisuales para garantizar los derechos de los presos. La detención incomunicada, de hasta 13 días, es también materia de reclamación. El Comité recuerda que la incomunicación ha sido rechazada incluso por organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Mención específica se hace a la postura del Gobierno en lo relativo a la investigación de los crímenes franquistas: más allá de la reciente exhumación del dictador, continúan sin juzgarse numerosos delitos de tortura, violaciones, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias que permanecen en el limbo de la impunidad. El informe insta a derogar la Ley de Amnistía de 1977, investigar y enjuiciar a los responsables y, cuando corresponda, proporcionar debida reparación a las víctimas.
Por último, el apartado relativo a extranjería refleja los continuos abusos cometidos en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), que van desde la privación de libertad a personas que no han cometido delito alguno hasta los malos tratos o las penosas condiciones de los centros. Las expulsiones en caliente y la discriminación racial por parte de la policía terminan de trazar el desalentador escenario en el que sobrevive una parte de los inmigrantes en nuestro país.
En definitiva, el documento revela una clara erosión en algunos de nuestros derechos más esenciales. Y no solo lo señala la ONU: diversas organizaciones de reconocido prestigio, como Rights International Spain o Jueces Para la Democracia, han venido a corroborar el diagnóstico.
Desde Fundación Gnosis queremos unirnos a esta voz de alarma. No en vano nacimos para fomentar una sociedad libre e igualitaria, sin las cadenas del miedo y el abuso. A esta meta seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo y experiencia. En esta dirección seguiremos navegando, por larga que sea la travesía.